Delcy Rodríguez promulgó la ley de amnistía en Venezuela: “Hay que saber pedir perdón”
La norma fue promulgada pocas horas después de su aprobación por la legislatura venezolana y permitirá la liberación de activistas, opositores, periodistas y abogados detenidos en causas vinculadas a conflictos políticos desde 1999
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves por la noche una ley de amnistía general que abre la posibilidad de liberar a políticos, activistas, abogados, periodistas y otros ciudadanos encarcelados por motivos políticos, según el texto aprobado por la legislatura. La norma fue firmada pocas horas después de su sanción parlamentaria y establece la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política desde 1999.
La aprobación representa un giro significativo en la política venezolana tras décadas en las que las autoridades negaron la existencia de presos políticos. El cambio se produce semanas después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense realizada en Caracas, episodio que precipitó la conformación de un gobierno de transición y una serie de medidas orientadas a revertir decisiones previas.
Durante la ceremonia de promulgación, Rodríguez sostuvo que la iniciativa refleja un cambio de actitud en la dirigencia nacional. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, afirmó. La mandataria interina también calificó la normativa como un paso histórico hacia la pacificación y señaló que el objetivo es que el país aprenda a “convivir democrática y pacíficamente”.
El texto promulgado concede amnistía plena a ciudadanos investigados o condenados por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales ocurridas desde 1999, incluidos episodios de violencia, protestas, manifestaciones y actuaciones asociadas a procesos electorales. También abarca casos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas en todo el país, entre ellas de menores de edad.
La norma dispone la revisión inmediata de expedientes de dirigentes opositores, activistas sociales, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas detenidos durante distintos ciclos de conflictividad. Sin embargo, establece exclusiones explícitas. No podrán beneficiarse quienes “promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela con apoyo de actores extranjeros.
