«Ceuta» la mayor crisis fronteriza de España
Conviene empezar por explicar qué es Ceuta, porque buena parte de la confusión de estos días nace de imaginarla como un puesto fronterizo cualquiera. Ceuta es una ciudad española situada en la costa norte de África, frente a Gibraltar, separada de la Península por los catorce kilómetros del Estrecho. Es española desde 1580, más de dos siglos antes de que existieran los Estados Unidos. Tiene 18,5 kilómetros cuadrados, unos 84.000 habitantes y estatuto de ciudad autónoma. Junto con Melilla constituye la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano, y esa condición la convierte en el punto exacto donde la presión migratoria de todo un continente se concentra en unos pocos kilómetros de valla y una playa, la del Tarajal, con su espigón que se adentra en el mar marcando la línea entre Marruecos y España.
Esa frontera tiene historia trágica. En febrero de 2014 murieron ahogadas 14 personas a pocos metros de la playa del Tarajal, en parte por el pánico de la multitud en el agua. En mayo de 2021, en plena crisis diplomática con Rabat por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Marruecos relajó los controles y más de 8.000 personas entraron en Ceuta en dos días, obligando a desplegar al Ejército. En junio de 2022, el asalto a la valla de Melilla dejó al menos 23 muertos. La frontera sur funciona desde hace décadas como válvula de presión, y cada episodio ha alimentado la sospecha de manos que mueven los hilos.
Lo de esta semana supera todo lo anterior en un orden de magnitud. Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio entraron en Ceuta entre 50.000 y 60.000 personas en menos de 24 horas, el equivalente al 70% de la población de la ciudad. Trasladado a escala peninsular, sería como si 34 millones de personas entraran en España en un día. El balance es de al menos 57 muertos, con las tareas de búsqueda todavía en curso. La mayoría se ahogó intentando bordear a nado el espigón del Tarajal, de noche, vestidos, atrapados entre las olas y las rocas de la escollera mientras miles de personas entraban al agua a la vez. Otros murieron aplastados en los intentos masivos de cruzar las vallas. El Gobierno desplegó al Ejército, Pedro Sánchez viajó a Ceuta, calificó lo ocurrido de ataque a la integridad territorial de España y anunció un sistema de boyas junto al espigón para impedir nuevos cruces a nado.
El 8 de julio el Tribunal Supremo dictaminó que las devoluciones en caliente no se aplican a quienes llegan por mar, que deben pasar por un procedimiento formal de devolución. En redes, ese matiz jurídico se transformó en otra cosa: España ha abierto la frontera y si entras a nado no te pueden devolver. El bulo corrió por WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram. Circularon mapas con la ruta a nado desde Castillejos, en Facebook llegaron a venderse trajes de neopreno para el cruce y los primeros vídeos de jóvenes celebrando en la playa hicieron el resto. Adolescentes de 16 y 17 años contaron después que se habían enterado por las redes y que habían pasado cinco horas nadando.
El patrón es conocido. En 2019, más de dos millones de personas se apuntaron en Facebook a asaltar el Área 51 y varios miles se presentaron de verdad en el desierto de Nevada. En 2012, una invitación de cumpleaños mal configurada en Facebook arrastró a miles de jóvenes al pueblo holandés de Haren, que acabó arrasado. En 2021, un foro de Reddit coordinó a millones de pequeños inversores para disparar la acción de GameStop y poner contra las cuerdas a varios fondos de Wall Street. Ese mismo año, 25.000 jóvenes se juntaron en un macrobotellón en Madrid convocados por redes. Ninguno de estos episodios tuvo un organizador central. Todos siguieron la misma secuencia: un mensaje simple, una promesa creíble, vídeos de los primeros que lo consiguen y una avalancha. La diferencia es que en Ceuta la promesa exigía meterse al mar.
Marruecos merece escrutinio de todas formas. Un país que intercepta a cinco nadadores con neopreno un día cualquiera y deja pasar a 60.000 otro día ejerce política también por omisión. En 2021 relajó los controles en plena crisis diplomática y esta vez su gendarmería tardó en reaccionar. España respalda además con cerca de 340 millones de euros públicos la desaladora de Casablanca y mantiene otras líneas de cooperación, de modo que condicionar ese apoyo financiero a resultados verificables en frontera sigue siendo razonable aunque el fenómeno haya sido viral. Pero hay una diferencia entre tolerar y organizar, y a día de hoy no existen pruebas públicas de organización estatal.
La conclusión es incómoda porque un fenómeno viral es en cierto sentido más grave que una maniobra de Estado. Con un Estado se negocia, se firman acuerdos, se condicionan fondos. Contra un rumor capaz de meter a 60.000 personas al mar en una noche solo funcionan dos cosas: capacidad real de respuesta en la frontera y desmentidos oficiales tan virales como los bulos. Un bulo llenó el agua de gente y el agua devolvió 57 cuerpos. La próxima avalancha no la decidirá Rabat. La decidirá un vídeo de TikToK.
Fuente: Infobae
