Escándalo: dos enfermeros de San Miguel vendían certificados truchos de vacunación contra el COVID-19 y los cargaban en el sistema oficial

Se descubrió que al menos 123 personas fueron inscriptas en el NOMIVAC como inoculadas pero no lo están.

El martes por la tarde, un policía de la Bonaerense que patrullaba la plaza de San Miguel notó algo extraño en un auto que estaba estacionado en la zona. En el vehículo había un hombre sentado en el asiento del conductor y cada tanto se acercaba alguien que le golpeaba la ventanilla e intercambiaban algo, una posible transa. Cuando se acercó, notó que en el asiento del acompañamiento había dinero y unos cartones. No llegó a darse cuenta de qué eran. Recién cuando identificó al hombre en el auto, el policía notó que eran certificados oficiales de vacunación de la Provincia de Buenos Aires que estaban siendo vendidos con datos de personas que previamente los habían comprado.

Cuando intervino la UFI N° 23 de Malvinas Argentinas, a cargo de la doctora Silva Bassani, se ordenó la detención del vendedor al que se le secuestraron 44 cartones que eran originales pero con datos de personas que no estaban vacunadas oficialmente. En pocas horas, la investigación determinó que detrás de la maniobra había dos enfermeros profesionales que actualmente trabajan en vacunatorios y que se encargaban de firmar y sellar los cartones y luego de cargar los datos de los no vacunados como si lo fueran en el Registro Federal de Vacunación (NOMIVAC).

En sólo dos días de investigación, la fiscalía descubrió que, hasta el momento, 123 personas que fueron anotadas en las estadísticas oficiales como si estuvieran vacunadas. “Algunos de ellos poseen una dosis y, a cambio de dinero, se los anotó como si tuvieran el esquema completo y otros ni siquiera tenían vacunas aplicadas pero fueron inscriptos como si tuvieran las 3 dosis”, explica a Infobae una fuente de la causa. El momento en el que detenían al hombre que vendía arriba de su auto en una plaza de San Miguel

Luego de la detención del hombre que vendía los certificados sentado en su Volkswagen Gol Country, identificado como Esteban Nicolás Z. (35), los investigadores comenzaron con el análisis de los teléfonos y demás tareas investigativas que derivaron en la detención de dos personas más.

Esos dos cómplices no tenían un rol secundario sino todo lo contrario. Eran las piezas claves detrás de la maniobra. Ambos son enfermeros profesionales que se dedican a la aplicación de vacunas en lugar oficiales.

La segunda de las detenidas en el expediente fue la enfermera Maribel María F., esposa del primer detenido y empleada del Sanatorio General Sarmiento. Cuando allanaron su casa los efectivos secuestraron 23 constancias de vacunación de PBA contra el COVID en blanco, sus dos sellos con matricula nacional y provincial y cinco celulares.Así encontró la policía los certificados de vacunación en una de las casas allanadas

En paralelo a las detenciones, se descubrió el modus operandi que utilizaba la banda. En principio, se cree que no usaban las redes sociales para promocionar los certificados truchos ni los grupos anti vacunas de Telegram donde suelen ofrecerse este tipo de servicios ilegales. “Su forma de publicitar era el boca en boca. Vendían los certificados a amigos o conocidos de conocidos que se comunicaban con ellos a través del WhatsApp”, cuenta una fuente policial que investigó el caso.

El precio oscilaba según el cliente pero cada cartón de vacunación completo más el ingreso en el registro oficial estaba entre 3 mil y 5 mil pesos.

Con dos detenidos, la investigación aún no estaba completa. En los cartones de vacunación que ya estaban completados y listos para ser entregados a los compradores, tanto la firma como el sello correspondían a un enfermero llamado Néstor Jonathan Alejandro M. de 35 años. Comprobaron que también era enfermero del Sanatorio General Sarmiento al igual que la otra profesional detenida.Los 350 certificados de vacunación secuestrados en la casa de uno de los enfermeros

La fiscalía ordenó su detención y el allanamiento de su vivienda. En su domicilio de la calle 18 de octubre de José C. Paz encontraron 350 cartones de vacunación en blanco, dos celulares, su sello con matricula nacional y provincial, su credencial de enfermero y, curiosamente, 6 recetarios en blanco del hospital municipal local con firma y sello aclaratorio de un médico con iniciales R.H y otros cuatro de una doctora identificada como C.A.V.

En las últimas horas, las alarmas se encendieron cuando, mediante el análisis de los celulares de los detenidos, se descubrió que la banda no sólo se robaba los cartones oficiales para rellenarlos con datos de personas no vacunadas sino que, además, el enfermero Néstor Jonathan Alejandro M. era el encargado de cargar a sus “clientes” en el Registro Federal de Vacunación (NOMIVAC)

“En rigor, cada vacunado se carga en un sistema provincial pero que se linkea automáticamente con el NOMIVAC, así que en definitiva es un sistema único. Y cada persona que carga se hace responsable”, explica alguien que conoce el sistema.La enfermera detenida que está acusada de ser parte de la banda

Por el momento los investigadores tienen comprobado, con pocas horas de investigación, que existen al menos 123 personas que no tienen su vacunación completa pero el enfermero detenido los anotó como si la tuvieran. “Estamos investigando uno por uno porque cada caso puede ser especial. Hay algunos que se dieron la primera pero llamaron a esta gente para que les figure el esquema completo y otros que no tienen ninguna. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuantos son en total los que están anotados de forma irregular”, cuentan aquellos que manejan el expediente.

La imputación contra los detenidos es, en principio, la de falsedad ideológica, un delito que tiene como pena dos a seis años de cárcel. En las próximas horas se resolverá si la causa queda en la órbita provincial o si, por el contrario, pasa a la Justicia federal.

Infobae se comunicó con el Ministerio de Salud provincial que maneja Nicolas Kreplak pero declinaron de hacer declaraciones al respecto por tratarse de un tema judicializado.

Fuente: Infobae