La Justicia federal investiga el caso de los 66 peones wichis esclavizados
Vivían hacinados, mal alimentados y haciendo trabajo a destajo en una finca del sur provincial cosechando limones. Hay un detenido y los ojos se posan sobre el poderoso empresario citrícola tucumano Pablo Padilla.
Trabajo a destajo, pésimas condiciones habitacionales y atraso en el pago de los jornales.
En esas condiciones fueron encontrados en Salta 66 trabajadores formoseños de la comunidad wichi en una serie de allanamientos. Habían sido llevados a las fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.
Pero la empresa que los «contrata», según explicó a Télam Germán Ferrari, el subdelegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tiene sede en la provincia de Tucumán y hay un nombre detrás de todos los incumplimientos a las más básicas leyes laborales: el empresario citrícola Pablo Padilla.
Pablo Padilla, el empresario citrícola denunciado. / Foto: Gentileza Tucumándespierta.com
El primero de mayo, para el día del trabajador, Ferrari ya lo había cruzado en una entrevista: «Sería muy bueno que comience a cumplir con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo, como por ejemplo, el jornal garantizado, entre otras obligaciones que no se están cumpliendo. La verdad es que hoy los trabajadores están en condiciones indignas, donde muchos empresarios no garantizan siquiera la higiene en la finca o baños y no cumplen con lo que ellos mismos firman”, manifestó.
«Padilla es responsable no sólo de este hecho que está en la justicia, su práctica habitual es la falta de pago y fue por esa denuncia de los trabajadores que saltó en qué condiciones estaban trabajando en Salta», dijo a Télam este hombre que desde hace años se enfrenta al poder de este empresario citrícola «que terciariza los servicios», afirmó este martes.
Pablo Padilla reincide
Padilla es además presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino.
Ésta no es la primera denuncia que recibe por su trato hacia los trabajadores.
En julio de este año, rabajadores rurales migrantes de la cosecha de limones en la localidad de El Galpón, en el sur salteño, dieron a conocer las condiciones de servidumbre y violatorias de los derechos humanos en que los tiene la empresa para la cual prestan servicios. En el lugar de trabajo no tenían baños químicos ni agua, en los alojamientos los mantenían hacinados y sin servicios básicos.
Pero los tiempos de la justicia son inversamente proporcionales al poder de los investigados.
