La Argentina pidió que la eximan de la garantía de USD 16.000 millones durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF
Burford Capital, el fondo que ganó el caso en primera instancia, pidió a la jueza Loretta Preska iniciar el embargo de activos argentino el lunes 16 de octubre. El gobierno, a través de un estudio neoyorquino, señaló que depositar la garantía dañaría a una sociedad que ya sufre “una alta inflación causada por una sequía sin precedentes”.
El gobierno argentino presentó, a través del estudio Sullivan & Cromwell que lo representa ante las cortes de Nueva York en el juicio por la expropiación de YPF, que la jueza Loretta Preska exima a la Nación de depositar USD 16.000 millones de “garantía” durante el proceso de apelación de la sentencia.
En septiembre, la jueza falló contra la Argentina y a favor de los demandantes, condenándola a pagar USD 16.000 millones porque al expropiar la compañía violó su estatuto (que obligaba a extender su oferta por la parte que expropió de Repsol a todos los accionistas de la empresa), inscripto ante la SEC, la Comisión de Bolsas y Valores de EEUU, y por lo tanto sujeto a las leyes de EEUU, sede del principal mercado de capitales del mundo, usualmente referido como “Wall Street”.
La Argentina apeló el fallo, pero según las normas de la Corte, para ejercer ese derecho y detener el proceso de embargo de activos debe depositar una garantía por un monto equivalente al fallo en proceso de apelación. Esto es, por USD 16.000 millones.
Burford Capital, el fondo que ganó el caso contra la Argentina en el tribunal de Preska, pidió a la jueza que autorice el embargo de activos de la República Argentina a partir del 16 de octubre, cuando expira el período de 30 días desde el fallo para iniciar acciones de ese tipo.
